El fallo de finales de la semana pasada del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos que desestimó un decreto del Gobernador Bordet sobre aplicaciones de agro-tóxicos en la provincia tendrá una influencia altísima en el valor de la tierra, provocando fuertes desvalorizaciones de superficies de campo, en algunos casos de la totalidad del campo de algunos productores.
Aquellos campos que estén a menos de 3 km de una población no podrán aplicar agroquímicos por avión, y los que estén a menos 1 km no podrán aplicar de forma terrestre. Eso deja a ese campo totalmente imposibilitado de una explotación agrícola tradicional, basada en el uso de estas tecnologías. Por lo tanto, esos campos sólo podrán tener uso ganadero. Eso implicaría que un buen campo agrícola podría bajar de valor de US$ 6000-8000 la hectárea a menos de US$ 3000. La pérdida patrimonial sería enorme.
En términos de flujos corrientes, quienes deban pasar de agricultura a ganadería deben invertir en instalaciones ganaderas, ya que la mayoría de los campos sojeros no cuentan con instalaciones apropiadas de alambrados, aguadas, bretes, corrales, etc. Por otra parte, van a necesitar contratar empleados para la ganadería, algo que no abunda. Para un campo chico, explotar ganadería tradicional no es negocio, porque los gastos fijos como empleados, amortización de instalaciones y gastos de estructura son muy grandes para planteos de rodeos chicos. Es decir que si un productor rural que tiene un campo de 50 hectáreas, enteramente afectado por esta restricción, no solo sufrirá una desvalorización de aproximadamente US$ 250.000 en su capital, sino que deberá buscar explotaciones diferentes a la agricultura y ganadería tradicional si no quiere que su campo se convierta en un parque del pueblo aledaño.